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EMILIANO GARCÍA PAGE
Miércoles, 25 de noviembre de 2015
OPINIÓN

Por el fin del silencio cómplice de la violencia machista

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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 25 de noviembre

 

La violencia contra la mujer es la más extrema y criminal consecuencia de
la discriminación por razón de sexo, de la falta de igualdad entre hombres y
mujeres, campo en el que mucho se ha avanzado en perspectiva histórica pero
mucho queda por avanzar en nuestra sociedad.
 
 
El maltrato y, en último término, los homicidios y asesinatos son un
atentado contra los derechos humanos, una muestra del abuso de poder, físico,
económico la mayor parte de las veces, social. La desigualdad siempre ampara
privilegios.
 
 
Castilla-La Mancha ha sido pionera en nuestro país en la lucha contra la
violencia de género y la plena igualdad de sexos, en aflorar y promover el debate
social sobre la violencia que durante décadas ha permanecido bajo la penumbra
del ámbito doméstico.
 
 
La normativa aprobada en 2001 en nuestra Comunidad y medidas
impulsadas desde la región para la prevención y protección de mujeres
maltratadas inspiraron avances a nivel nacional del calado de la primera Ley
integral aprobada en 2004 de Medidas de Protección contra la Violencia de
Género; o las famosas listas cremallera, muy discutidas al comienzo y hoy
generalmente aceptadas, que garantizan cierto equilibrio entre mujeres y hombres
en la representación política.
 
 
En Castilla-La Mancha a lo largo de dos décadas de trabajo continuado se
ha ido impulsando el desarrollo de una importante red de recursos de apoyo y
orientación en favor de la igualdad plena de mujeres y hombres; y de atención
integral a las víctimas.
 
 
Desafortunadamente la gestión de la crisis económica no ha respetado ni

las políticas de igualdad en la región: en la última legislatura su presupuesto ha

sufrido un recorte cercano al 40% de lo que se destinaba en 2011, un pérdida anual
cercana a los 10 millones de euros.
 
 

 

 
 
El Gobierno que presido quiere ahora dar un nuevo impulso a las políticas
de igualdad, como lo simboliza la incorporación de la directora del Instituto de la
Mujer como miembro permanente al consejo de Gobierno y la obligación de contar
con la perspectiva de género e informes de igualdad en todas las decisiones y
proyectos legislativos que apruebe el Gobierno de Castilla-La Mancha.
 
No se trata de una política sectorial localizada en un organismo, sino que
afecta a la orientación de la actividad de todo el Gobierno, desde la promoción del
empleo a la salud, desde la vivienda a la tercera edad o la educación de nuestros
niños y jóvenes.
 
 
En cualquier caso se trata de una política y una labor a largo plazo en la
que la normativa es imprescindible pero no suficiente. Desde 2004 han muerto en
nuestro país más de 800 mujeres víctimas de la violencia de género.
La violencia machista tiene muchas caras, como dice la actual campaña
de concienciación del Instituto de la Mujer: la prostitución, la humillación pública,
el abuso de mujeres inmigrantes... Las nuevas tecnologías y las redes sociales que
utilizan masivamente nuestros jóvenes también reflejan el machismo y canalizan la
violencia contra la mujer en forma de acoso.
 
El reto que afrontamos afecta a la prevención, al respaldo a las víctimas –
incluidos los menores hijos de mujeres maltratadas-, a la justicia, a la formación de
los propios empleados públicos como los miembros de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
 
 
Sólo estarán a salvo mujeres y niñas de la violencia cuando toda la
sociedad lo considere inaceptable, cuando dejemos de oír argumentos falaces
como la existencia de denuncias falsas o que también existe la violencia de las
mujeres –casos estadísticamente irrelevantes-, cuando el machismo esté tan
desprestigiado como el racismo.

 

No todo son certezas y cada caso que conocemos nos debe reafirmar en
el esfuerzo, no debe desanimarnos porque tan cierto es que se ha avanzado como
que no podemos bajar la tensión ni un segundo.
 
Se trata de poner fin al silencio que aún oculta la violencia machista.
 
Sólo una protección social potente puede animar a las víctimas de
violencia sexual a denunciar a sus agresores antes de que sea tarde. Las víctimas
tienen que sentirse protegidas por los recursos públicos.
 
La atención a las víctimas es una obligación. La prevención, la
concienciación social e individual, la educación en igualdad de género son también
actuaciones imprescindibles.
 

 

 
 
 
 

 

 

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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