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DESDE EL CAÑAVERAL
Jueves, 16 de noviembre de 2017
DESDE EL CAÑAVERAL

¿SE PUEDEN LEGALIZAR PARTIDOS QUE ATENTAN CONTRA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA?

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El segundo gran problema, por debajo del paro,  que tienen los españoles, en este momento, es el catalán  creado únicamente por los partidos independentistas que han empobrecido su región, han dividido las voluntades de sus conciudadanos y han atentado gravemente contra todos los intereses de todos los españoles dentro y fuera de España.

 

La legislación española, Ley Orgánica 6/2002, de junio de los partidos políticos a la hora de legalizar cualquier partido político es muy clara en muchos de sus artículos y pone mucho énfasis en el cumplimiento de los fines que deben asumir todos los partidos o agrupaciones políticas de tal manera que en el artículo 6º de la mencionada ley se dice textualmente: Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. En el artículo 9º dice en referencia a su actividad: Los partidos políticos…… deberán respetar los valores constitucionales y desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuye.

 

La Constitución Española se fundamenta en la unidad e integridad de España como nación que lleva más de quinientos años  constituyendo un estado independiente, plural y con intereses comunes dentro de las diferencias regionalistas propias de un territorio cuyas dimensiones de norte a sur sobrepasan los mil kilómetros de distancia. Juntos hemos sido capaces de las mayores aventuras internacionales y de los mayores logros sociales culturales y políticos, llevando nuestra impronta personal, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestro humanismo cristiano a latitudes nunca antes conocidas.

 

La indisoluble unidad de España es recogida en muchos de los artículos de la Constitución pero esencialmente  en el que hace expresa referencia a la constitución de nuestra nación, que se llama España. El artículo 2º dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles ……. El legislador hace hincapié en el término indisoluble ya que en el mismo artículo repite este término en dos ocasiones. La unidad es indisoluble, nadie tiene el derecho a dividir lo que ha estado unido por muchos siglos de convivencia y solamente el pueblo soberano, pero todo el pueblo español y no una parte de él, tiene el poder de romper este lazo de unión entre todos los pueblos y territorios de España.

 

Estando tan claras las leyes que legalizan los partidos políticos, siendo tan  luminosa la Constitución Española en muchos de sus artículos, mucha gente se pregunta: ¿Pero cómo la ley puede permitir que haya partidos políticos cuyo objetivo sea la independencia de parte del territorio español? ¿Cómo se puede tolerar que estos partidos independentistas reciban  del erario público las subvenciones necesarias para luchar contra las leyes españolas y contra la Constitución de todos? ¿Es lícito que haya partidos políticos que, con dinero público luchen contra la democracia, contra la libertad y contra la solidaridad entre todos? Sin lugar a dudas la democracia es un sistema político imperfecto pero el mejor que nos hemos podido dar en libertad y siendo esto así la democracia debemos conquistarla día a día pero todos los días. Y este sistema debe trabajar para que nadie desde dentro conspire para arrebatárnosla.

Francia, país centralista por antonomasia,  pero demócrata sin fisuras y así reconocido por la comunidad internacional en 1987 de la mano de Jacques Chirac ilegalizó el movimiento independentista Iparretarrak y lo mismo hizo con el movimiento independentista corso Riscorsa y nadie se rasgó las vestiduras porque evidentemente ambos movimientos políticos deseaban romper la unidad de Francia y la convivencia entre los franceses. Si esto lo hiciera el gobierno de España con los partidos nacionalistas independentistas catalanes, vascos y gallegos muchos lanzarían gritos de protesta y lo primero que dirían que en España no hay democracia y que el gobierno es un tirano dictador.

 

Como decía, la democracia debe defenderse ella misma a través de las instituciones y por medio de todos los que creemos en ella como el mejor antídoto  contra las tiranías  comunistas y militares. Creo que habría que mirar con lupa los fines de los partidos  actuales del  PDeCat, ERC y la CUP y así como los partidos independentistas vascos y gallegos  pero no solamente leer los fines escritos en la documentación aportada para su legalización. Hay que ir más lejos y examinar muy bien lo que defienden en las instituciones, en las manifestaciones públicas y en el devenir diario de la calle, de no hacerlo así estaremos siempre con problemas en todas las regiones de España porque en todas ellas hay partidos que defienden la independencia de su pequeña patria o tierra común donde viven unos pocos que se creen que aún están en el siglo pasado cuando se dio vía libre para constituir cantones donde a cada cual le venía bien.

No es posible que estemos financiando con el dinero de todos a  partidos políticos que, si pueden, un día  romperán la convivencia entre los españoles, darán un golpe de estado como lo ha hecho el Gobierno catalán, formarán una república autoritaria, desacreditarán el buen nombre de España en el extranjero como lo está haciendo el inútil de Puigdemont y su cuadrilla de fugitivos y todo esto se hace con el beneplácito del bolsillo del contribuyente. Sencillamente nadie lo puede entender porque todos creemos  firmemente en nuestras instituciones, en nuestro sistema democrático político y todos estamos convencidos que si hacemos dejación en la defensa de nuestras libertades, atacadas por los independentistas y por los que no creen en la democracia, ésta corre un gran peligro.

 

La democracia no puede tener miedo y los que la defendemos menos por eso es muy importante tomar las medidas oportunas para que aquellos que se jactan de incumplir la Constitución , amparados en los estatutos de sus partidos sepan que éstos se han constituido al amparo de la ley y de la Constitución y que si no la cumplen se colocan fuera  de la legalidad y nunca tendrán el apoyo económico o subvención pública que les correspondería como partidos políticos creados para dar cauce a la participación y a la toma de decisiones  dentro de los principios constitucionales y de no ser así podrán ser ilegalizados.

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