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CUADERNO DE BITÁCORA
Viernes, 31 de agosto de 2018

Terrorismo político

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El terrorismo, del que tanto sabemos en España, desgraciadamente, no siempre tiene que ver con la acción de matar, con el resultado trágico de un determinado acto sangriento. El terrorismo, como nos indica el diccionario, en sus dos acepciones, es la forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Si nos atenemos a tal definición, aún estamos lejos en España de hablar de ausencia de actividades terroristas. Aunque el cese de la violencia de ETA mediante asesinatos cobardes por doquier nos haya dado un respiro, no ocurre lo mismo con el terrorismo político que se sigue ejerciendo en las comunidades separatistas de vascongadas y Cataluña.

 

Puede que el momento político que se vive en España, donde hay un gobierno que es rehén de los nacionalistas, y unos medios de comunicación subvencionados o pertenecientes a los mismos, no inspire el sentimiento de que seguimos viviendo en un estado de terror. Pero la realidad palpable de las comunidades en conflicto, es que hay un movimiento terrorista amparado por los secesionistas que persigue la intimidación e inseguridad de los que no piensan como ellos.

 

En Cataluña y el País Vasco no hay libertad de expresión, ni siquiera hay libertad física si te muestras partidario de la Constitución Española y del orden establecido en ella. Ser español en esas comunidades autónomas es ponerte en el punto de mira de una hipotética pistola, que más de alguno empuñaría con ganas para hacer prevalecer sus ideas. Unas ideas fascistas, propias de matones, de pistoleros a sueldo de los totalitarios.

Los medios de comunicación, los partidos políticos, que viven de las subvenciones de todos los españoles, incluso los propios gobiernos, según en qué y cuántos intereses, son cómplices y participes en distintos grados del apoyo a los terroristas políticos que hay en España. Nadie piense que las organizaciones de la coacción y el lazo amarillo se sufragan por sí solas. Nadie piense que el terrorismo de ETA acaba en un comunicado y no es extrapolable a los agravios a las víctimas y vítores a los verdugos. Nadie piense que no hay detrás dinero público para mantener a una panda de descerebrados con el aro en la oreja y el flequillo cortado a zapaterrón que agreden gratuitamente a guardias civiles. Detrás de cada una de las acciones terroristas que ejecutan estos individuos hay una financiación directa o indirecta del gobierno español de turno, o sea, que nosotros somos, a través

de nuestros esforzados servidores públicos, los que pagamos con nuestros impuestos el mal que nos infringen.

 

El terrorismo político no acaba con una declaración de buenas intenciones. El terrorismo, en cualquiera de sus acepciones, termina cuando se acatan las leyes que conforman un estado de derecho. Pero también cuando se imponen los derechos colectivos por la fuerza de la Ley, sin claudicar ante quienes la quebrantan y mucho menos dándole los medios necesarios para que sigan ejerciéndola.

 

En España estamos igual de acostumbrados al terrorismo político como a la corrupción, pues muchas veces una cosa lleva a la otra. Terrorismo también es pedir dinero al Estado con el chantaje de ejercer la violencia si no se otorga. Algo que históricamente ha pasado con las dos comunidades más favorecidas del Estado Español, en detrimento de las que han permanecido sumisas y conforme a la Ley. Pero todo tiene un punto final, y el terrorismo político, como este artículo, deben ir concluyendo.

 

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