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DESDE EL CAÑAVERAL
Lunes, 10 de septiembre de 2018
DESDE EL CAÑAVERAL

Los Asesores políticos ¿Un fraude de ley?

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A pesar de las múltiples consultas  realizadas, nadie sabe los asesores políticos que hay en España y más aún, entre los estudiosos de este tema no hay coincidencia en el número, en las funciones y en las tareas a ejecutar. Como veremos después la clase política española, compuesta por políticos elegidos y designados, asesores de todo tipo y condición, funcionarios o personal laboral  de libre designación  para puestos de responsabilidad, es casi infinita.

La palabra asesor procede del latín ASSESSOR persona que se sentaba junto al juez para aconsejarle a juzgar rectamente y a dictar la sentencia lo más adecuada posible a derecho. En definitiva asesor  era el que asiste para tomar las decisiones correctas y generalmente esta asistencia se hacía sentado junto al juez. Así lo determina el verbo del que procede esta voz latina ASSIDERE que está formado por el prefijo Ad (hacia) y el verbo SIDERE (sentarse).

Siempre ha habido asesores en la historia de España como lo fueron los validos, favoritos, o privados de los reyes en los que estosdepositaban toda su confianza, como ocurrió con Gaspar de Guzmán, más conocido como (Conde Duque de Olivares) Baltasar de Zúñiga o el mismo Manuel Godoy, pero estas figuras políticas  de confianza son propias del Antiguo Régimen en la Monarquía Hispana  bajo la dinastía de los llamados Austrias menores en el siglo XVII. Nunca estos validos o privados fueron cargos oficiales ya que solamente servían al rey  por la confianza depositada en su persona. Esto mismo ocurre con los asesores políticos actuales que solamente dependen del político que les nombra y ante el que deben rendir cuentas aunque  sus sueldos sean pagados por los presupuestos del Estado y por consiguiente con los impuestos de todos los ciudadanos.

         En la legislación española el asesor político aparece bajo la fórmula de personal eventual muy diferente de los empleados públicos profesionales, ya sean funcionarios o personal laboral, y tienen un carácter de excepcionalidad, sin demostrar méritos, capacidades o transparencia, solamente se necesita la confianza  del jefe político  tal como ocurría  en el Antiguo Régimen con los validos o privados de los reyes. Los reyes encomendaban a sus validos las riendas del reino y les pagaban con los fondos de la administración, los jefes políticos actuales no saben muy bien que funciones deben encomendar a sus asesores o validos de confianza eso sí que  sean sus amiguetes o pertenezcan a su partido político y  si es así se les abonará su sueldo con fondos de la administración. En definitiva son dos figuras muy semejantes porque tienen en común el gran mérito, único mérito la Confianza del jefe.

         Son multitud,  nadie sabe cuántos son pero son muchos los que al amparo del jefe político logran, por el procedimiento digital, es decir por la DEDOCRACIA,  conseguir un puesto importante ya en el Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma  o en el Gobierno de la Nación, con unos sueldos muy superiores a los funcionarios de carrera o personal laboral. Se da el caso paradójico que en España hay cuatro asesores que cobran más que el presidente de la nación y  dieciocho cuyos sueldos brutos es superior al de los ministros, eso sí no tienen funciones reglamentadas  ni regladas, su trabajo es muy sencillo, el que dicte su jefe político.

En España tenemos alrededor de 2.887 diputados entre nacionales, autonómicos y provinciales, posiblemente no haya en  el mundo una nación con tal número de representantes políticos si tenemos en consideración el número de habitantes 46.549 millones. Resulta que tenemos un diputado para  161.236 habitantes y si a esto le sumamos los 65.130 liberados sindicales y 31.210 representantes patronales, más de 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, unos 2.800 cargos en Mancomunidades, 4.800 Consejeros económicos y asesores, 6.000 representantes en las Cámaras de Comercio, más de 131.250 políticos empleados en empresas públicas, Organismo de violencia domestica 2.330 más los/as empleadas en el Instituto de la Mujer 900 y un largo etcétera, llegamos a la cifra de 445.568  puestos políticos financiados con los presupuestos generales del estado que son pagados por todos los contribuyentes.

         Pero eso no es todo porque, aunque no hay acuerdo entre los estudiosos del tema tales como Juan Rodríguez Teruel (Doctor en Ciencias Políticas que habla de 52.000 asesores), César Molinas (doctor en económicas), o el mismo Pérez Reverte, si podríamos considerar la cifra de  52.000 asesores de los que 34.000 son de las administraciones municipales tal como señala Juan Rodríguez Teruel. Según el Tribunal de Cuentas en el año 2015 los ayuntamientos se gastaron la friolera cantidad de 400 millones en pagar a los políticos y a los asesores. En  total los españoles, con nuestros impuestos, tenemos que abonar más de 850 millones de euros para hacer frente a tantos y tantos asesores cuyas funciones nadie sabe cuáles son,lo único cierto es que son amiguetes del jefe político que los contrata.

         Debemos recordar que en los ayuntamientos, debido a la Reforma de la Administración local aprobada en el año 2013 de la mano del ministro Montoro, se estableció un tope de contratos eventuales (Asesores) en consonancia con los habitantes que tiene cada una de las localidades o municipios. El Decreto 1887/ 2011 indica los asesores que pueden tener los miembros del gobierno. Cada ministro puede contratar a  un director con rango de director general  y cinco asesores. Los secretarios de estado pueden contratar  a un director y tres asesores; todos estos contratos eventuales se pueden hacer con total discrecionalidad y evidentemente por el procedimiento, vulgarmente denominado  “a dedo”.

         Todo esto y mucho más que me reservo, nos puede llevar a varias reflexiones; una de ellas es que es muy probable que los españoles elegimos muy mal a nuestros representantes porque, según parece, no son capaces  hacer el trabajo ellos solos y necesitan de la ayuda de amigos, parientes, políticos del mismo partido etcétera, para realizar lo que han prometido en las elecciones  pero como son incapaces de hacerlo, por eso tienen que encomendar su trabajo a validos del antiguo régimen. Evidentemente esto es muy grave. También puede ocurrir, y seguro que ocurre, que  los políticos nos prometen unas cosas y después hacen otras muy diferentes y para ello se ven en la obligación de repartir el trabajo, no el sueldo, y así poder disfrutar de viajes de la Ceca a la Meca y estar días enteros sin pisar por el despacho o atendiendo a los ciudadanos.

         Parecería honrado que cuando, en las elecciones se hacen entrevistas, se publicita en las calles y en los mítines políticos propuestas, programas acciones etc., también se nos comunicara las necesidades que tienen  de nombrar asesores con nombre y apellidos, sin funciones  específicas salvo las que determine  en cada momento  el representante  político para el que van a trabajar si a eso se le llama trabajo y así sabríamos a que atenernos.

         No parece razonable cargar a las arcas del estado las nóminas de los asesores nombrados por un único requisito el de  confianza hacia la persona que les nombra para desarrollar la actividad a la que libremente se comprometió pero a la hora de la verdad, son sus amiguetes, posiblemente muy cualificados, los encargados de hacer lo que el otro prometió. Para esas laborares (libre designación) deben estar los empleados públicos y no ese otro personal eventual de libre contratación. En primer lugar, porque se atenta contra los principios  constitucionales de  igualdad, mérito y capacidad para acceder a un puesto de empleado público, y en segundo lugar, tan importante como el primero, porque se hace una gran discriminación política entre los partidos, con poder institucional  en ayuntamientos, diputaciones, autonomías y gobierno de la nación, y aquellos otros, ya marginados de por sí, que no logran  el gobierno en las instituciones y por lo tanto no tienen el derecho de contratar asesores y esto es muy grave para el funcionamiento democrático de los partidos políticos.

         En el siglo XXI  de ninguna manera puede primar el valido, el paniaguado  de confianza que le saca las castañas del fuego al político de turno que  tiene el poder y por eso puede llenar las instituciones de  personas de confianza, que generalmente, son políticos menores que aspiran a gobernar en algún ayuntamiento, o que presentándose como candidato no lograron su objetivo y tienen cuatro años,bien remunerados, preparándose para la siguiente legislatura, como ha ocurrido en muchas instituciones del estado en todo el territorio nacional. Creo que se debería terminar con esta grave discriminación social.

 

Fdo. Emilio Nieto López

 

 

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