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Miércoles, 9 enero 2019
Puertollano

Admitida a trámite la querella criminal de un policía local contra la alcaldesa y varios funcionarios

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El juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano ha admitido a trámite una querella criminal contra la alcaldesa la ciudad minera, Mayte Fernández, la Junta de Gobierno Local y varios funcionarios, interpuesta por un policía local que fue suspendido de empleo y sueldo cautelarmente por un periodo de seis meses.

Según ha explicado en nota de prensa Agustín Roque, portavoz del policía denunciante, se ha señalado para el día 28 de enero, a las 9.30 horas, la declaración a la alcaldesa de Puertollano así como de los instructores de diversos expedientes relacionados con el mismo funcionario, al considerar que se desprenden indicios de posible comisión de un delito de prevaricación administrativa.


La acusación considera que la administración municipal redactó diversos expedientes disciplinarios "artificiosos" y anulados posteriormente en vía judicial. "Ahora, quienes tomaron aquella decisión apartada de lo que marca la legislación habrán de explicar los verdaderos motivos por la que impusieron aquella medida disciplinaria", señala Roque. A su juicio, el denunciante fue objeto de "una presunta persecución y escarnio".

 

Los hechos denunciados están relacionados, entre otros casos, con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real que anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puertollano por el que, como medida cautelar, se suspendió de empleo y sueldo durante seis meses al policía local tras ser denunciado por amenazas graves contra otro policía en enero de 2017. También llevó estos hechos por vía penal, con fallo favorable.

 

La sentencia del contencioso, de 7 de junio de 2018, desestima la decisión de la Junta Local de Gobierno, dando la razón al demandante en sus alegaciones relativas a la "desproporción de la sanción, a la falta de justificación, así como a la falta de motivación respecto de la resolución impugnada".

 

Ese expediente disciplinario, y otros relacionados con el mismo agente, son los que ahora se llevan al juzgado. Según Roque, "la Junta de Gobierno Local, capitaneada por Fernández, impuso la media de suspensión de empleo y sueldo, en su extensión más gravosa y dura, cuando la justicia ha manifestado en resoluciones firmes que el policía no había hecho nada para merecer aquella condena".

 

"Tales medidas", prosigue, "además de ser sumamente injustas, eran sumamente retorcidas, debido a que jamás se habían aplicado a ningún otro funcionario del Consistorio, máxime teniendo en cuenta las barbaridades administrativas que en este Ayuntamiento han concurrido, tales como la obra del Terri, el coso polivalente, la intervención de la UDEF por el caso Cerrú, el pago por los terrenos enfrente del cementerio, o la consolidación de plazas vacías de contenido en el matadero, sin que, en su caso, se haya procedido a derivar responsabilidades disciplinarias por lo que aún menos, tomar medidas cautelares a otros funcionarios".

 

"Ahora la justicia dirimirá si sobrepasa la chapuza administrativa y alcanza la mala fe necesaria requerida en el Código Penal", remacha el portavoz del policía denunciante, para quien este caso es "síndrome inequívoco de clientelismo y compadreo por parte de estos políticos que alardean de democracia e igualdad, y tendrán que explicar el criterio jurídico que se guarda para investigar a unos funcionarios y a otros no".

 

"Una vez más, las venganzas pobres con connotaciones políticas y las miserias administrativas del Ayuntamiento, que terminaron en una presunta persecución y escarnio contra dicho policía, resultan ser todo lo contrario de lo que debe predicar un político: democracia, igualdad y la gestión pública", concluye.

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