UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha exige al Gobierno regional que asuma la gestión pública y directa del transporte sanitario de la región ya que, según apunta, la realidad ha demostrado que la externalización y el modelo de gestión actual son perjudiciales tanto para la plantilla como para la población usuaria, un modelo que se sostiene sobre la precariedad laboral y sobre concesiones a empresas que priorizan el ahorro económico por encima de la calidad asistencial. Así lo han puesto de manifiesto hoy en rueda de prensa el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la región, Fernando Peiró, y el responsable del sector de Transporte Sanitario del sindicato, Serafín García, quienes han insistido en que la administración debe asumir su responsabilidad y dejar de mirar hacia otro lado mientras el servicio se deteriora, el convenio colectivo permanece bloqueado y los trabajadores y trabajadoras pagan las consecuencias.
Frente a esta incapacidad de las concesionarias a la hora de cumplir con las exigencias mínimas contempladas en los pliegos de condiciones, aseguran que la solución debe ser devolver la gestión de este servicio a lo público para poder así establecer plantillas suficientes y estables, condiciones laborales dignas, salarios acordes a la responsabilidad del trabajo que se realiza, una flota moderna y segura y un control público real del servicio.
Ambos insistían en esta demanda, “demanda que venimos realizando desde hace años”. De hecho, “el Sescam ya tiene en sus manos un informe del sindicato en el que -en base a datos de otras comunidades autónomas que han vuelto a tomar las riendas del transporte sanitario- se pone de manifiesto que una gestión directa y pública supone más ahorro para la administración y mejor servicio”.
Fernando Peiró lamentaba la “situación límite” que atraviesa el transporte sanitario de la región. “Estamos hablando de ambulancias envejecidas, con cientos de miles de kilómetros, con averías continuas, con material defectuoso y con un mantenimiento claramente insuficiente. Lo venimos denunciando desde hace muchos años y hoy los hechos nos dan la razón”.
Por su parte, Serafín García ponía de manifiesto el caso concreto de la provincia de Ciudad Real, donde es evidente la falta de personal, lo que supone jornadas que superan los límites legales y el “desgaste brutal” de las plantillas. Esta falta de personal se da también en Guadalajara, “donde –recordamos- tienen la menor dotación de ambulancias de toda la región, ello a pesar de su dispersión geográfica y de contar con más población que otras provincias”. Esto se traduce –añadía- en que determinadas áreas se queden descubiertas y sin recursos asistenciales que las socorran. En Albacete, Toledo y Cuenca se repite el mismo patrón: plantillas bajo mínimos, sobrecarga de trabajo, incumplimientos de cuadrantes y profesionales obligados a asumir más trabajo del que corresponde para que el servicio no se caiga.
“El bloqueo del convenio colectivo no es casual”
UGT Servicios Públicos señala que los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de Castilla-La Mancha -alrededor de 2.000 profesionales- llevan muchos años (desde 2012) con los salarios congelados, con condiciones precarias y sin avances reales en la negociación colectiva. “La negociación del convenio está bloqueada y no por culpa de los trabajadores/as ni de los sindicatos. Está bloqueada porque las empresas adjudicatarias no tienen margen, no tienen voluntad o directamente no tienen legitimidad real para firmar un convenio digno”.
Además de los paros parciales, concentraciones y movilizaciones convocados por UGT en todas las provincias, “hemos acudido a los tribunales por el exceso de jornada, por las horas extras no pagadas y por los incumplimientos reiterados, juzgados que están dando la razón a los trabajadores y trabajadoras”.
Sin embargo, y aunque el riesgo a una huelga en el sector sigue latente, “la respuesta que nos dan siempre es la misma: no hay presupuesto, los pliegos no lo permiten, la administración no asume su responsabilidad…”.
“Este bloqueo del convenio no es casual. Es la consecuencia directa de un modelo de externalización que ha fracasado. Cuando las empresas no pueden garantizar salarios dignos, ni jornadas legales, ni estabilidad laboral, no pueden ser la base de un servicio público esencial”.