Las trabajadoras y trabajadores de la Sala de Coordinación del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han vuelto a verse desbordados «por un volumen de llamadas inasumible, en un nuevo episodio de colapso» en el contexto de la alerta metereológica a consecuencia de la borrasca ‘Leonardo’.
Este colapso, dice CCOO en nota de prensa, «no es excepcional, sino consecuencia directa de una falta de planificación estructural y de la inacción reiterada de la Consejería competente y de la Dirección General de Protección Ciudadana».
Por todo ello, el Comité de Empresa del 112 exige a la Junta de Comunidades que asuma de forma inmediata su responsabilidad sobre la gestión y planificación del servicio, la implantación de refuerzos automáticos y suficientes ante alertas previstas y un redimensionamiento urgente de la Sala de Coordinación.
Demandan «medidas inmediatas para proteger la salud del personal y evitar nuevos episodios de colapso». «La emergencia estaba prevista. El desbordamiento también. Lo que sigue faltando es responsabilidad institucional», han denunciado desde CCOO.
«Pese a que las alertas meteorológicas y los escenarios de riesgo estaban perfectamente previstos, el servicio ha tenido que afrontar nuevamente la emergencia sin refuerzos suficientes, con los mismos recursos mínimos de siempre, trasladando toda la presión a una plantilla exhausta y sin capacidad real para absorber picos de demanda».
Dicen desde el sindicato que el colapso «no es imprevisible», sino que lo «imprevisible es que la Consejería y la Dirección General sigan sin escuchar ni asumir responsabilidades», denuncian desde el Comité de Empresa del 112.
«El personal lleva años alertando de que la Sala funciona al límite de manera permanente, con llamadas en espera y llamadas perdidas de forma habitual, una situación que se agrava de forma crítica cuando se activan alertas o emergencias extraordinarias. Sin embargo, las advertencias trasladadas a la Administración siguen sin traducirse en medidas efectivas».
Desde el Comité se señala directamente a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y a la Dirección General de Protección Ciudadana, responsables del servicio, «por no ejercer una planificación adecuada, no exigir refuerzos reales y no garantizar un dimensionamiento acorde a la carga real de trabajo, pese a disponer de información previa sobre los riesgos».
Esta situación está provocando «un grave deterioro del estado físico y psicosocial de la plantilla y pone en riesgo la calidad y la seguridad de la atención a la ciudadanía, en un servicio esencial del que dependen vidas humanas», lamenta el sindicato.
A pesar de ello, «las y los profesionales del 112 continúan trabajando con compromiso y responsabilidad, ofreciendo la mejor atención posible incluso en condiciones extremas, una profesionalidad que no puede seguir supliendo la falta de medios ni la dejación de funciones de la Administración».