El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano considera necesario aclarar, con datos y
documentación, las declaraciones realizadas por la portavoz socialista en las Cortes regionales, Ana
Isabel Abengózar, sobre el recibo del agua y la política fiscal municipal.
En primer lugar, es rotundamente falso que el Ayuntamiento haya aplicado una subida encubierta de
impuestos. El Consistorio está aplicando estrictamente lo que el propio PSOE firmó en los estatutos de
Aguas de Puertollano y en la adenda del convenio suscrito en diciembre de 2019 por la entonces
alcaldesa de la ciudad.
Ese acuerdo establece que el Ayuntamiento debe prever y aprobar anualmente, en las ordenanzas no
fiscales que regulan las tarifas del suministro de agua, las cuantías necesarias para repercutir entre los
abonados el coste del servicio. Es decir, contempla la actualización anual conforme al IPC y que los
vecinos contribuyan a financiar el coste de construcción y el coste financiero de las obras del ciclo
integral del agua. Ese fue el compromiso firmado por el anterior gobierno municipal socialista en 2019.
A esta circunstancia se suma, además, el canon del agua aprobado por la Junta de Comunidades, que
supone un nuevo cargo para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Este canon es una decisión
autonómica.
En este sentido, el incremento que aparece en el recibo no responde a una decisión municipal, sino a la
aplicación del canon establecido en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de Castilla-La Mancha,
aprobada por el Gobierno regional. Esta norma fija un canon de 6 euros por trimestre, y no “un euro
mensual” como ha afirmado Abengózar. Es importante trasladar información rigurosa a la ciudadanía,
especialmente cuando se trata de una ley impulsada por el propio Ejecutivo autonómico.
Tal y como ha explicado el equipo de gobierno, la ciudad de Puertollano ha recaudado y transferido a la
Junta de Comunidades un total de 880.000 euros correspondientes a este canon autonómico. Una
cantidad que prácticamente coincide con el esfuerzo económico que ya están realizando los vecinos
para financiar las obras del ciclo integral del agua en la ciudad.
En conjunto, estas medidas han supuesto un incremento acumulado cercano al 20 % en el recibo del
agua, debido fundamentalmente a decisiones externas al Ayuntamiento. El canon está fijado por la
normativa autonómica y su cuantía no la decide el Consistorio, que actúa únicamente como entidad
recaudadora obligada por ley.
Por tanto, responsabilizar al Gobierno municipal de esta medida supone desviar la atención sobre quién
adopta realmente la decisión normativa.