UGT Castilla-La Mancha advierte del aumento del endeudamiento de las familias de la región a causa de la vivienda, endeudamiento que se traduce en un importe de las hipotecas medias que está alcanzando cuantías que no se veían desde 2007, precisamente desde los años antes de producirse la burbuja inmobiliaria.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de julio en la región se concedieron un total de 1.896 hipotecas por un importe total de 236.595.000 euros. Esto hace que la cuantía media por hipoteca en Castilla-La Mancha se coloque en los 124.786 euros, un 8,8% más que en julio del año anterior y una cifra que no se veía desde hace más de 20 años.
El sindicato apunta que esta misma tendencia se da a nivel anual y de manera más global. Los datos de todo 2025 señalan que, respecto a 2024, el importe medio de una hipoteca ha subido un 10%, pasando de 101.944 a 112.364 euros.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha pone el acento en la necesidad de adoptar medidas para que el acceso a una vivienda sea un verdadero derecho y “no una mercancía susceptible de especulación y beneficio”. Añade que los salarios que se cobran en las empresas de la región y el hecho de que estos no estén subiendo acordes a la evolución de la cesta de la compra están haciendo imposible que muchas personas puedan optar a este derecho constitucional y que aquellos que consiguen un préstamo tengan que hacer frente a un endeudamiento muy elevado.
Asegura que el fenómeno social que ha irrumpido tras el desalojo de Maricarmen en Madrid es una constatación del gran problema que supone la vivienda en este país. En este sentido, exige modificar la ley para que realidades así no se vuelvan a repetir; que las comunidades autónomas empleen el recurso que les permite limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas; y promover un parque de viviendas sociales y públicas.
Por último, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) reclama a los grupos parlamentarios responsabilidad para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a las reivindicaciones que la ciudadanía y las organizaciones sociales han planteado en las calles ante la emergencia habitacional. “La vivienda requiere un acuerdo parlamentario que esté a la altura de la dimensión social del problema, porque sin vivienda digna no habrá paz social”.