El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que el paquete de medidas de ayudas a los afectados por el accidente en Urda (Toledo) incorpora la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía esté cortada y de servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados.
El titular de Transportes ha denunciado que se han visto incrementos “tremendos” de precios en las horas próximas o inmediatas al accidente. “Ahora, unos días después, vemos hasta precios que se han multiplicado por ocho y por nueve respecto a las fechas previas al accidente. Y eso, evidentemente, no es de recibo”, ha denunciado Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por ello, el Real Decreto-ley de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), dotado con 30 millones de euros, permite limitar los precios y servicios durante una situación de emergencia con el objetivo “de evitar subidas abusivas que perjudiquen a las personas consumidoras como las que se han visto en el caso de este accidente”.
El objetivo es evitar que las consecuencias del accidente se agraven con los incrementos de precios que dificulten el acceso a bienes y servicios necesarios, introduciendo un régimen de limitación temporal de los precios máximos aplicables durante la vigencia de una situación de emergencia que altere de forma significativa las condiciones de oferta y demanda de un mercado concreto, a fin de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el mercado.
Dicha limitación consiste en fijar como precio máximo el aplicable en un período anterior de referencia, con sujeción a un criterio objetivo y verificable, evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a las personas consumidoras y usuarias en un momento de especial fragilidad.
Puente ha recordado que que el Parlamento ya rechazó esta propuesta con los votos en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts. “Si hoy nos vemos en la necesidad de arbitrar un mecanismo es porque no lo tenemos, y no lo tenemos porque el Parlamento lo rechazó”, ha enfatizado el ministro.