El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión de 77,48 millones de euros para garantizar el funcionamiento de la red pública de servicios sociales de Atención Primaria en 2026, con una prioridad clara en el refuerzo de la ayuda a domicilio, a la que se destinan cerca de 58 millones de euros en el conjunto del sistema.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha señalado que estos acuerdos “dan luz verde al marco de concertación que permite sostener y reforzar la red pública durante todo el año”, una red que atiende anualmente a miles de personas y familias en ámbitos como la dependencia, la discapacidad, la exclusión o el acompañamiento social, “lo que refleja una prioridad clara y significativa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en este servicio”.
En este sentido, ha destacado que el sistema se articula a través de tres grandes líneas de actuación: el Plan Concertado, la ayuda a domicilio y los servicios supramunicipales; que consolidan la colaboración con las entidades locales mediante la firma de 664 convenios en toda la región, para poder dar cobertura al conjunto de la Comunidad Autónoma. “Convenios que cuentan con la colaboración institucional de ambas administraciones y que de manera corresponsable participan en la financiación y también en la contratación de todos los profesionales de los servicios sociales de Atención Primaria. Estamos hablando de más de 1.000 profesionales”, ha detallado Bárbara García.
La titular de Bienestar Social ha puesto el acento en la ayuda a domicilio como uno de los pilares del sistema, “un servicio clave para la autonomía personal y la permanencia en el entorno, especialmente en el medio rural”. Se trata de un servicio que alcanza a alrededor de 40.000 beneficiarios y que en 2026 se va a reforzar con más de 185.000 horas adicionales, “hasta llegar a los 5,5 millones de horas de atención”, ha explicado.
En paralelo, la consejera ha puesto en valor los avances alcanzados en la última década en la red de Atención Primaria de Servicios Sociales, destacando el refuerzo sostenido de los equipos profesionales. “Cuando llegamos al Gobierno, la red contaba con algo más de 600 profesionales y hoy superamos ampliamente los 1.000”, ha indicado. No en vano, la región ha experimentado una evolución continuada en el número de profesionales desde 2015, cuando había 610, hasta llegar a los 1.062 que hay en 2026, lo que supone un incremento de 452 efectivos o un 74% más, consolidando una red de servicios sociales de proximidad, cercana y esencial para la ciudadanía.
Asimismo, García Torijano ha señalado que este refuerzo se acompaña de medidas dirigidas a mejorar la estabilidad del sistema, como la ampliación de jornadas laborales, con 12 nuevas ampliaciones en 2026 que elevan a 41 las realizadas en los últimos tres años, en su mayoría correspondientes a mujeres.
A ello se suma el incremento de la financiación de los convenios en un 9% en los últimos años, lo que permite contribuir, junto con las entidades locales, a mejorar las condiciones de los profesionales y a reforzar la calidad de la atención.
Refuerzo del sistema público de Servicios Sociales
En paralelo, el Consejo de Gobierno ha autorizado 40,4 millones de euros para el Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria, que garantiza la atención directa, de proximidad y preventiva en todos los municipios.
A través de esta financiación se articulan 103 convenios con entidades locales, se financian 667 profesionales y se refuerzan 60 equipos técnicos de inclusión social, integrados por 116 profesionales, que permiten intensificar la intervención social en el territorio y mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Además, se destinan más de 10,8 millones de euros a los servicios sociales de ámbito supramunicipal, un modelo esencial para garantizar la atención en zonas rurales y municipios de menor tamaño, especialmente en contextos de despoblación.
A través de esta financiación se articulan 51 convenios con mancomunidades y agrupaciones de municipios, que permiten dar cobertura a más de 500 municipios, con la participación de 167 profesionales y el refuerzo de 18 equipos técnicos de inclusión social, mejorando la capacidad de intervención y asegurando la atención en todo el territorio.
Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado 26,1 millones de euros para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito del Programa Regional de Acción Social (PRAS), dirigido a entidades locales.
El servicio llegará a más de 510 entidades locales, con el objetivo de garantizar la atención a las personas en su entorno habitual, especialmente en municipios de menor tamaño y en el medio rural. Cuenta con cerca de 3.000 profesionales y permite atender a personas en situación de dependencia, vulnerabilidad o urgencia social, facilitando su permanencia en el domicilio y reforzando su autonomía personal.
Finalmente, la consejera ha remarcado que este esfuerzo económico responde a una prioridad clara del Gobierno regional, subrayando que “no es un gasto, es una inversión social”, que permite garantizar derechos, reforzar la cohesión territorial y asegurar la atención a las personas en todo el territorio.