La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, exige reforzar los servicios públicos de la región para hacer frente a la grave situación de desigualdad y vulnerabilidad que padece un elevadísimo porcentaje de la sociedad castellanomanchega de acuerdo al XVI Informe presentado hoy por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social (EAPN).
El informe de EAPN, elaborado con datos de 2025, revela que hasta el 34% de la población de la región (724.000 personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma con mayor tasa AROPE (indicador oficial para medir el porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social), sólo por detrás de Andalucía, y 8,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que se encuentra en el 25,7%.
Además, una de cada cuatro personas tiene ingresos inferiores al umbral de pobreza (25,9%) y el 9,8% de la población de la región sufre carencia material y social severa, frente al 8,1% de la media nacional, un indicador que ha empeorado su porcentaje respecto a 2024.
Para CSIF, estos datos evidencian la necesidad de impulsar políticas públicas más eficaces para combatir la desigualdad, garantizar una protección social adecuada y reforzar los recursos destinados a atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Aunque la tasa AROPE regional ha descendido un 1,6% desde 2015 y sólo un 0,2% respecto a 2024, CSIF considera que esta evolución resulta insuficiente ante la magnitud del problema y la persistencia de importantes diferencias respecto al conjunto del país.
El sindicato también pone el foco en la situación de la infancia y la adolescencia, cuya tasa de pobreza alcanza el 36,8 % en Castilla-La Mancha, muy por encima de la media nacional (28,4%).
Como agente social comprometido con el desarrollo y progreso de Castilla-La Mancha, CSIF incide en que la lucha contra la pobreza requiere una respuesta integral en la que los servicios públicos desempeñen un papel fundamental, además de afrontar medidas en el ámbito laboral, en materia salarial y en vivienda. Para ello, la Central Sindical reclama reforzar las plantillas y los recursos de los servicios sociales, mejorar la coordinación entre las administraciones y garantizar una atención suficiente y de calidad a los colectivos más vulnerables.