La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, está formada por 32 Estados de América del Norte y Europa y se formó en 1949 con el principal objetivo de disuadir la amenaza de la expansión de la Unión Soviética. España se adhirió en 1982 como Estado número 16 y en 1999 se incorporó a la estructura militar integrada. De los 14 artículos del Tratado, es el artículo 5º el que más relevancia tiene; es decir, en caso de que un país miembro de la Alianza fuera atacado, es como si se hubiese atacado a todos los demás países miembros y todos tendrían la obligación de defenderlo.
En el año 2014, el presidente Obama exigió a los países integrantes de la OTAN un gasto en defensa del 2% del PIB. En aquel momento, el presidente M. Rajoy se sumó a ese compromiso; sin embargo, en el año 2018 aún no se llegaba al 1%. El presidente Sánchez ha asegurado en La Haya que este 2025 se alcanzará el 2%. Este incremento supone nuevas capacidades para nuestras FF.AA. y la participación de las tropas españolas en distintas misiones de la OTAN. De tal manera que, de cada cuatro soldados desplegados en misiones del exterior, tres lo están en misiones de la Alianza.
La incorporación del presidente Trump a la Casa Blanca en enero de este año ha supuesto una serie de cambios importantes, y muchos de ellos de relevancia mundial. En el ámbito de la Alianza ha exigido que la participación de cada país miembro sea del 5% de su PIB, sin que se conozca cómo se ha llegado a ese cálculo. En el caso de nuestro país, llegar a esa cuota suponen 80.000 millones de euros este año y subiendo en los próximos años. ¿Quién nos garantiza que a la vuelta de poco tiempo la exigencia de porcentaje sobre el PIB no sea aún mayor?
Hay líderes políticos de nuestro país a quienes les parecía bien esa cifra; sin embargo, el presidente Sánchez ha defendido ante el secretario general de la OTAN, Sr. Mark Rutte, que se debía tener flexibilidad con nuestro país, ya que llegar a esa cifra del gasto en defensa supondría un coste inasumible de recortes en pensiones, subida de impuestos (unos 3.000€ año/trabajador de media), recortes en sanidad, educación… y que no se justificaría ese gasto y su aplicación en este momento del desarrollo de la industria armamentística española ni su uso en nuestras FF.AA. Necesitamos unos años para implementar todo esto.
El presidente Sánchez ha sostenido previamente a la cumbre de La Haya, y durante su desarrollo, su compromiso de gastar en defensa el 2,1% del PIB de nuestro país; por tanto, no al 5% que exige el Sr. Trump ni al 3,5% que concede el Sr. Rutte. Y lo hace justificando que no se trata del porcentaje sobre el PIB lo que cuenta a la hora de gastar en defensa, sino de las capacidades de España y de sus FF.AA. Se trata de coproducción de los países integrantes, de compras conjuntas y de interoperabilidad. Se trata, en definitiva, de coordinación, de eficiencia y de unidad europea y transatlántica. Pero según manifestaciones del presidente norteamericano, su interés es que las compras de material bélico se hagan a empresas de su país y está dispuesto a recurrir de nuevo al arma arancelaria como factor de presión.
Es probable que la llamada ingeniería contable pueda hacer que España llegue a porcentajes mayores, sin que suponga mermar nuestro estado del bienestar, que es lo que subyace en la postura de defensa soberana que el presidente Sánchez ha llevado a La Haya. España es esencial para los EE. UU. en el nuevo horizonte bélico abierto en Oriente Medio, con la utilización de sus bases en nuestro suelo y el uso de nuestro espacio aéreo para su Fuerza Aérea. Eso también debería cuantificarse, de alguna manera, como aportación española a ese porcentaje y es una clara muestra de buena voluntad y de colaboración con nuestros aliados norteamericanos, con quienes deseamos seguir en buenas relaciones, y evitar malentendidos arancelarios.
Casimiro Pastor