La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba al consistorio a abonar a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea la suma de 405.807 euros tras declarar conforme a derecho la renuncia realizada por la empresa al contrato de concesión a 50 años para uso privativo de la parcela que ocupó mientras desempeñó su actividad en la ciudad industrial.
La resolución del Tribunal Supremo ha sido anunciada en el pleno municipal de este jueves por el concejal de Hacienda, Andrés Gómez, que ha incluido el importe de la sentencia en la modificación de créditos por valor de 2,6 millones de euros que previsiblemente se aprobará este jueves, principalmente para amortizar la deuda del consistorio hasta un 94%.
En abril de 2024 el Supremo admitió a trámite el recurso de casación del Ayuntamiento de Puertollano contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 11 de octubre de 2022. Los magistrados dan la razón a la antigua guardería, concesionaria de la escuela infantil que estuvo situada detrás del hospital de la ciudad minera, que tras cerrar y renunciar a la concesión reclamó inicialmente al Ayuntamiento 671.755 euros en concepto de indemnización por las obras ejecutadas, pues consideraba que la ocupación del mencionado servicio no es suficiente para amortizar la inversión realizada, y que la inversión y el equipamiento revertirán al municipio tras la petición de renuncia unilateral de la explotación, realizada el 31 de agosto de 2018. Esta solicitud fue desestimada por el consistorio.
El motivo aducido por la empresa para abandonar el proyecto fue que la concesión administrativa no cumplió con las expectativas de rentabilidad iniciales.
En su sentencia, los magistrados argumentaban su resolución apoyándose en otras resoluciones judiciales que abordan problemáticas con «evidente identidad sustancial» a la que afecta al Ayuntamiento y a la empresa Dulcinea. En este contexto los magistrados recalcan que se trataba de la concesión de una actividad privada de interés público cuyo pliego contemplaba la extinción resolutiva del contrato de concesión por renuncia del contratista sin que se prevean los motivos ni los efectos de la misma, lo que supone una «laguna regulatoria» del pliego.
La empresa fue beneficiaria desde el año 2007 de una cesión de suelo público por 50 años y un canon simbólico de 50 euros. Por esta escuela pasaron más de 750 niños y niñas, formados por más de 100 educadores infantiles en su centro de formación. Desde su cierre, se han registrado al menos dos incendios en sus abandonadas instalaciones.