La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este domingo en Alcázar de San Juan para exigir la implantación de una red pública que garantice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la región. La movilización se celebró con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, reclamando que ninguna mujer deba abandonar el sistema público de salud para ejercer este derecho.
Durante el acto, el colectivo dio a conocer que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha facilitado por primera vez, a través del Portal de Transparencia, la cifra de profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia, que asciende a 41 personas. Asimismo, el SESCAM ha contabilizado 198 médicos en los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de la comunidad, aunque sin especificar cuántas de las 41 personas objetoras corresponden a personal facultativo ni el total global del personal adscrito a estas áreas.
Desde la plataforma destacan que, aun situándose en el supuesto más desfavorable —en el que la totalidad de las 41 personas registradas fueran médicas o médicos de dichos servicios—, la cifra representaría el 20,7% de los 198 profesionales de Ginecología y Obstetricia. Ello implicaría que casi ocho de cada diez facultativos de la especialidad no estarían inscritos en el registro de objeción de conciencia.
A juicio de las organizaciones convocantes, estos datos desmontan la tesis de una «objeción generalizada» en la sanidad pública castellano-manchega y refuerzan la necesidad de planificar y organizar la prestación en el ámbito público.
«OBJECIÓN INDIVIDUAL, NO DE LOS SERVICIOS»
La Plataforma sostiene que el dato oficial debe servir a la Administración regional para dejar de emplear la objeción de conciencia como argumento para no estructurar la IVE en el SESCAM. En este sentido, han recordado que la objeción constituye un derecho individual del personal sanitario y no una condición asignable a unidades, servicios u hospitales completos.
Asimismo, han exigido al Ejecutivo autonómico transparencia sobre la totalidad de los datos, solicitando el desglose por categorías profesionales, la distribución geográfica de los objetores por hospitales y áreas sanitarias, así como el número detallado de derivaciones a centros privados o a otras comunidades autónomas.
Según denunció la Plataforma citando datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 el 99,95% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla-La Mancha se practicaron en centros privados. Además, calculan que en los últimos 15 años alrededor del 60% de las mujeres de la región que decidieron interrumpir su embarazo se vieron obligadas a desplazarse fuera de la comunidad autónoma para hacerlo.
Respecto al anuncio de la creación de un centro público para atender estas intervenciones, desde la Plataforma consideran la medida insuficiente si no se articula una red descentralizada. Alertan de que la centralización en un único punto no resuelve las trabas a las que se enfrentan las mujeres residentes en zonas rurales o con dificultades de desplazamiento, laborales o familiares.
REIVINDICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN
Ante esta situación, el colectivo ha trasladado un paquete de exigencias dirigidas al Gobierno de Castilla-La Mancha:
- Red pública garantizada: Despliegue de la prestación asistencial de la IVE e integrada en el SESCAM en todas las provincias y áreas sanitarias.
- Calendario de implantación: Establecimiento de un cronograma público, concreto y verificable para la puesta en marcha del servicio.
- Suficiencia de recursos: Dotación de profesionales e infraestructuras necesarias para que la objeción individual no demore ni impida la atención.
- Transparencia en la gestión: Publicación periódica de los datos sobre objetores, recursos asignados, derivaciones y volumen de actividad dentro y fuera de la región.
- Información y protección: Campañas informativas claras sobre el itinerario asistencial y garantías efectivas de protección frente al acoso para pacientes y profesionales.