El concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Puertollano, Juan Sebastián López Berdonces, ha confirmado la existencia de un «requerimiento» dirigido al consistorio por parte de Riff Records, la empresa promotora del concierto de Manuel Carrasco previsto para el 2 de septiembre de 2023 en el coso polivalente de Puertollano, tras lo que considera «la sorpresiva ruptura unilateral de las conversaciones y pactos por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento», que anuló el espectáculo al estimar excesivos los 205.000 euros apalabrados verbalmente por la anterior administración local socialista.
A preguntas de los periodistas durante un rueda de prensa ofrecida este martes para hacer balance de la Feria de Mayo, Berdonces ha informado de que tiene conocimiento de ese «requerimiento» desde hace dos semanas. En este sentido ha declarado que la empresa «está en su derecho si considera que merece una indemnización o mover algo a nivel judicial», aunque el edil no ha precisado si ese requerimiento responde a cuestión previa a un contencioso, del que, asegura, «no tiene noticia».
Tras conocer la decisión del consistorio en agosto de 2023, Riffs Records avanzó que se reservaría las oportunas acciones legales «sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y penal -en su caso- en que haya incurrido la administración y que será exigida en su momento ante este hecho sin precedentes que atenta contra las normas más básicas del régimen jurídico».
La empresa consideraba que la celebración del concierto «es inviable, al no contar con el apoyo municipal acordado, del cual la actual corporación era absolutamente conocedora en base a la solicitud de modificación de crédito que se realizó el 30 de junio de 2023 y que aprobaron en esa misma fecha».
La Concejalía de Festejos anuló el concierto asegurando que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a pagar los 205.000 euros apalabrados verbalmente por la anterior administración local socialista, al tiempo que adelantaba que «no le temblaría la mano» en ir contra miembros de la anterior administración socialista, en el caso de que fuera necesario, por posibles reclamaciones patrimoniales.
Berdonces insistía en que el anterior equipo de Gobierno socialista había apalabrado verbalmente 205.000 euros a la empresa promotora, que además obtendría el producto íntegro de la venta de entradas y de la barra del bar, y todo ello, sin que exista «un solo papel», en lo que a su juicio es «una mala praxis».