El presidente de la Asociación de Vecinos Centro Sur de Puertollano, Mariano Rodríguez, ha publicado una nota informativa en la que lamenta la «decisión» del alcalde Miguel Ángel Ruiz de cambiar sin previo aviso la cerradura de la sede, en el Paseo de San Gregorio, compartida desde el pasado mes de septiembre por la asociación de mujeres Afammer.
En la nota, el presidente sostiene que el inmueble, sede de la asociación vecinal, «no es propiedad municipal, es propiedad de la Junta» y que el cambio de cerraduras en inmuebles sin la debida autorización «tiene implicaciones legales y puede constituir un delito de usurpación o allanamiento de morada, dependiendo del caso».
La asociación insta al alcalde o a quien haya dado la orden de cambiar la cerradura «a actuar conforme a la normativa vigente y evitar tomar medidas por cuenta propia que puedan derivar en consecuencias legales».
Nota informativa:
Ante la gran cantidad de llamadas recibidas a lo largo del día por parte de los asociados sobre el por que se encuentra cerrada la sede de la asociación, queremos informar lo siguiente:
Esta mañana en horario normal de apertura de la sede para realizar las actividades como un día normal, las monitoras y alumnas de dichas actividades se han encontrado que no podían acceder porque habían cambiado la cerradura.
Llamamos a la policía local para ver si ellos tenían alguna información sobre el tema, pero nos informan que no tienen conocimiento de que se haya cambiado la cerradura.
Llamamos a la concejala delegada de colectivos y concejal de barrio para informarnos si sabía algo sobre el cambio de cerradura. La concejal nos informa que ha sido orden del alcalde, información que es confirmada por el técnico y cerrajero que en ese momento llegan a la asociación con un paquete de cerraduras, los cuales nos informan que es una orden del alcalde cambiarlas.
Les informamos que el inmueble sede de la asociación, no es propiedad municipal, es propiedad de la junta y que el cambio de cerraduras en inmuebles sin la debida autorización tiene implicaciones legales.
Sustituir la cerradura de una vivienda, oficina o local sin el consentimiento del propietario (en este caso la Junta) o sin una orden judicial, puede constituir un delito de usurpación o allanamiento de morada, dependiendo del caso.
Cualquier acción sobre una propiedad ajena, debe contar con la debida autorización del titular (en este caso de la asociación al tener cedido el inmueble) o una resolución legal que lo justifique.
En este sentido, recomendar al alcalde o a quien haya dado la orden para cambiar la cerradura, que en caso de disputas sobre el acceso a un inmueble, acudan a los canales legales adecuados para resolver la situación.
La Asociación insta al alcalde o a quien haya dado la orden para cambiar la cerradura a actuar conforme a la normativa vigente y evitar tomar medidas por cuenta propia que puedan derivar en consecuencias legales.