Hay momentos en política en los que un país comprende que el problema ya no es un error puntual, ni una frase desafortunada, ni siquiera una cadena de escándalos, sino de la absoluta falta de dignidad institucional de quienes deberían estar al frente dando ejemplo.
El problema aparece cuando quienes gobiernan dejan de entender la gravedad de lo que dicen y de lo que hacen. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.
La candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha provocado indignación tras referirse inicialmente como “accidente laboral” a la muerte de dos guardias civiles fallecidos mientras perseguían una narcolancha en Huelva. Posteriormente rectificó y habló de “muerte en acto de servicio”, pero el daño ya estaba hecho. Esto es el reflejo de una forma de gobernar basada en la propaganda, el marketing político y el desprecio absoluto por la sensibilidad de los ciudadanos.
Y cuando un representante político reduce algo así a una expresión burocrática, fría y deshumanizada, demuestra hasta qué punto parte de la política española ha perdido el contacto con la calle, con el sacrificio y con la dignidad institucional.
Porque no hablamos de un trámite administrativo. No hablamos de una estadística. Hablamos de dos servidores públicos que perdieron la vida combatiendo el narcotráfico. Hablamos de hombres que murieron defendiendo la ley mientras otros miraban hacia otro lado.
Porque mientras España lloraba la muerte de dos agentes que se jugaban la vida, el ministro del Interior prefería estar en Tenerife, en el escaparate político, en la foto, en el postureo institucional del “hantavirus”, convertido por el Gobierno en otra operación de propaganda para vender gestión donde muchos profesionales sanitarios y expertos ya advierten de improvisación, falta de coordinación y una preocupante utilización política del miedo sanitario.
Porque hay errores que no son simplemente errores: son síntomas. Síntomas de una política instalada en la propaganda permanente, en la imagen, en el relato y en la soberbia.
Mientras España asistía conmocionada al fallecimiento de los agentes, el Gobierno seguía atrapado en su maquinaria de autobombo. Fotos, campañas, mensajes preparados y ministros más pendientes del encuadre que del respeto institucional que exigía el momento. Una política convertida en escaparate.
Y por si fuera poco, España sigue acumulando escándalos que en cualquier democracia seria, habrían provocado dimisiones inmediatas. Porque no estamos hablando de rumores de barra de bar. Estamos hablando de comportamientos que insultan directamente a millones de españoles que durante la pandemia cumplieron normas durísimas, perdieron familiares, negocios, libertad y estabilidad emocional.
La sensación que queda en millones de españoles es clara: existe una élite política que cree vivir por encima del ciudadano común. Mientras la sociedad cumplía restricciones durísimas, algunos responsables públicos aparecían vinculados a conductas y gastos incompatibles con el sacrificio que se exigía al resto del país. Y esa fractura moral es devastadora para cualquier democracia.
Porque una democracia no se deteriora únicamente cuando se vulneran las leyes. También se degrada cuando desaparece la ejemplaridad, cuando el poder deja de asumir responsabilidades y cuando la indignidad deja de tener coste político.
Y aquí está el verdadero problema: el deterioro ético.
España no puede normalizar que cualquier escándalo sea barrido bajo la alfombra. No puede acostumbrarse a ministros que jamás dimiten. No puede aceptar que todo valga con tal de conservar el poder un día más.
El problema ya no es únicamente Pedro Sánchez. El problema es todo un modelo político construido alrededor de la resistencia al escándalo, la propaganda constante y la ausencia absoluta de responsabilidad. Nada importa, nadie dimite, nada tiene consecuencias.
Y mientras tanto, quienes levantan la voz son señalados, insultados o tratados como extremistas simplemente por exigir algo tan básico como respeto, ejemplaridad y decencia institucional.
Por eso, cada vez más ciudadanos sienten que ha llegado el momento de devolver la voz a las urnas.
Convocar elecciones no sería un gesto de debilidad. Sería un acto de responsabilidad democrática.
Y en Andalucía, muchos votantes tendrán este domingo la oportunidad de responder políticamente a unas declaraciones que consideran indignas e insensibles. Porque el respeto a quienes se juegan la vida por España no debería depender de estrategias electorales ni de rectificaciones improvisadas tras la polémica.
La política exige humanidad, respeto y altura institucional. Porque gobernar no es posar, gobernar no es fabricar campañas de imagen, gobernar no es sobrevivir políticamente a cualquier precio mientras el país se deteriora.
Gobernar exige altura moral. Y este Gobierno hace tiempo que la perdió. Y cuando eso desaparece, el castigo democrático no solo es legítimo: es necesario.
Joaquín García-Cuevas Holgado