El Ayuntamiento de Almadén ha llevado a los tribunales a la gestora de Minas de Almadén, la empresa MAYASA, dependiente de la SEPI, al considerar que no ha cumplido la orden de ejecución subsidiaria por la que se le instaba a retirar todos los elementos que impiden desde hace meses que se pueda transitar por caminos de uso público de la localidad.
Esta orden se dictó, según la versión municipal, «con todas las garantías legales una vez cumplidos todos los plazos y trámites requeridos para que el pueblo de Almadén pueda disfrutar de su derecho de tránsito por caminos que discurren por la Dehesa de Castilseras, propiedad de MAYASA, y que están incluidos en el inventario municipal».
Según la regidora de la localidad, «ya es bastante bochornoso e incomprensible para el pueblo de Almadén que, desde el inicio del mandato del actual presidente de la empresa, que es un cargo público nombrado por el Ministerio de Hacienda, se haya venido impidiendo el tránsito por estos caminos, máxime cuando la finca de Castilseras en sus orígenes tuvo como finalidad el esparcimiento de los mineros de Almadén y la complementación de sus salarios mediante las explotación de las suertes».
«Pero lo que resulta del todo vergonzoso y denunciable es el hecho de que los responsables de una empresa pública actúen saltándose la ley incumpliendo una orden dictada por una administración competente para ello», lamenta la primera edil.
Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia tras haber advertido a los responsables de MAYASA que esta actitud «podría constituir un delito penal».
Según Jurado, «esta actitud por parte de los responsables de una empresa pública está suponiendo un grave perjuicio para un ayuntamiento pequeño colapsado por la sobrecarga de trabajo», situación ante la que se ha preguntado si esto es lo único que el Estado puede ofrecer a un pueblo minero que «durante siglos se dejó la vida en la explotación de sus minas para mayor beneficio del país».