El Pleno de la Corporación municipal de Puertollano ha aprobado por unanimidad este jueves declarar desierta la última licitación del servicio de limpieza y emprender medidas urgentes para iniciar un nuevo expediente tras tomar en consideración una incidencia de ejecución de la resolución de 16 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que anuló el proceso al excluir a la empresa adjudicataria, Valoriza, precisamente después de dictar una resolución previa que de manera indirecta obligó al consistorio a contratarla, al ser la única empresa admitida a licitación que superó el procedimiento en la Mesa de Contratación.
La resolución del tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la UTE Prezero España y Urbaser (la antigua Cespa que se encargara durante lustros de la limpieza de las calles de Puertollano) contra la adjudicación del contrato a Valoriza, precisamente la empresa que arrebatara en su momento el contrato a Cespa tras interponer su correspondiente recurso.
En este sentido, el Tribunal secunda la postura de la recurrente, que sostiene que el hecho de proponer la adscripción de dos vehículos en cuestión en régimen de alquiler supone un incumplimiento de los pliegos, que establecen la regla general de que los vehículos a emplear en la ejecución del servicio sean de “nueva adquisición”, siendo la posibilidad de utilización de vehículos de alquiler “excepcional”, y sin que pueda afirmarse, dada la descripción del servicio en los pliegos, que el servicio de lavado de contenedores sea “puntual o esporádico”, algo que, a su juicio, “choca frontalmente con la configuración de dicho servicio en los pliegos”.
Consecuentemente, el Tribunal considera exigible que la adscripción de los dos vehículos lavacontenedores al servicio resulte en régimen de “nueva adquisición”.
El acuerdo plenario de este jueves establece asimismo la prestación del servicio de limpieza como servicio esencial a la actual prestadora, Valoriza.
En su momento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resolvió anular la adjudicación del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Puertollano a la UTE Prezero-Urbaser, empresa a la que incluso excluyó del procedimiento de licitación junto a otras dos aspirantes presentadas, FFC y ASCAN, tras estimar parcialmente el recurso presentado por otra cuarta concurrente, Valoriza, empresa que a la postre ganó el contrato.
Valoriza presentó un recurso especial en materia de contratación contra la decisión del pleno de la corporación municipal de Puertollano, que adjudicó el pasado 28 de julio a la UTE Prezero España SA-Urbaser SA el servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y entrega de residuos de Puertollano por un importe de 21.894.877 euros por un periodo de cuatro años y 11 meses. Esta empresa ha sido durante las últimas décadas la adjudicataria del servicio de limpieza en Puertollano.
El recurso presentado por Valoriza se mantenía, entre otras cuestiones, en la argumentación de que la recurrente no ha tenido acceso al expediente de contratación completo, cuestión rechazada entonces por el Tribunal Administrativo. No obstante, sí admitió el recurso en lo que atañe a motivos de impugnación relacionados con la oferta presentada por Prezero-Urbaser por vulnerar la exigencia formal sobre extensión de la memoria contenida en los pliegos, con la oferta presentada por FFC por no respetar el contenedor ofertado la altura máxima prevista en el pliego, y con la oferta presentada por ASCAN por incurrir en diversos incumplimientos de las exigencias del pliego de prescripciones técnicas e incongruencias y falta de rigor en su estudio económico.
Los edificios de Fundación Virtus serán bienes enajenables al perder su condición de centro de excelencia
De otro lado, el Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad la inicial desafectación como “Centro de Excelencias” del edificio de la Fundación Virtus y el cambio de su calificación de bien de servicio público a bien patrimonial.
La desafectación permitiría su enajenación, arrendamiento o cesión conforme a la normativa patrimonial, su puesta en valor mediante fórmulas de colaboración público-privada y la obtención de recursos económicos o la eliminación de costes de mantenimiento innecesarios.
La desafectación del dominio público del inmueble se justifica al haber perdido la finalidad educativa que motivó su afectación, encontrarse en estado de deterioro y no existir previsión de destinación futura a un uso o servicio público de la misma o similar naturaleza.
Un acuerdo que permitirá una gestión más eficiente del patrimonio público, evitando costes innecesarios y posibilitando la adopción de decisiones que redunden en el interés general.