Hay silencios que dicen más que mil discursos. Y el que hoy envuelve a buena parte del panorama político y sindical en España empieza a resultar insoportable.
Porque mientras se acumulan los titulares, las explicaciones a medias y las polémicas que erosionan la confianza pública, la reacción de quienes deberían estar en primera línea de la denuncia brilla por su ausencia.
¿Dónde están ahora? ¿Dónde están esos sindicatos que durante años encendían la calle ante cualquier decisión del gobierno de turno?
La actitud de los sindicatos ante el Gobierno resulta cada vez más difícil de justificar. Frente al innumerable número de casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos tiempos desde grandes escándalos hasta pequeñas corruptelas que, aunque aparentemente menores, erosionan igualmente la confianza pública, el silencio sindical se ha convertido en un elemento tan llamativo como preocupante.
Tradicionalmente llamados a ejercer un papel de vigilancia social y defensa de la ética pública, los sindicatos parecen haber adoptado una posición de pasividad que contrasta con su histórica capacidad de movilización frente a otros ejecutivos. Esta ausencia de reacción alimenta la percepción de una preocupante complacencia institucional, justo en un momento en el que la ciudadanía exige mayor transparencia, responsabilidad política y ejemplaridad en la gestión pública.
Más allá de la gravedad individual de cada caso, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la coherencia de quienes dicen representar los intereses de los trabajadores. Cuando las denuncias de corrupción se acumulan sin una respuesta firme por parte de actores sociales clave, el mensaje que se transmite es el de una normalización del deterioro democrático.
La cuestión ya no es únicamente la corrupción en sí misma, sino la respuesta o la ausencia de ella de quienes deberían alzar la voz ante cualquier desviación del interés público, por pequeña que pareciera.
¿Dónde están las pancartas, las huelgas, la indignación organizada?
Hoy, el ruido ha sido sustituido por un silencio espeso. Un silencio que muchos ciudadanos interpretan como cercanía al poder. Como comodidad. Como cálculo.
Y esa percepción es devastadora.
Porque mientras algunos callan, millones de españoles no pueden hacerlo: se levantan temprano, trabajan jornadas interminables y hacen malabares para llegar a fin de mes. A ellos no les protege ningún silencio. A ellos no les compensa ninguna afinidad política.
Por eso la pregunta ya no es solo qué está ocurriendo en la política, sino por qué ha desaparecido la presión social organizada.
Cuando la vigilancia depende del color del gobierno, deja de ser vigilancia.
Cuando la crítica se vuelve selectiva, deja de ser crítica.
Y cuando quienes deben defender al trabajador parecen más preocupados por no incomodar al poder, el problema ya no es político: es estructural.
Porque entonces, ¿quién queda? ¿Quién alza la voz cuando conviene callar?
¿Quién incomoda cuando todos parecen instalados en la prudencia interesada?
La democracia no solo se resiente por los errores o excesos del poder. Se degrada, sobre todo, cuando quienes tienen la responsabilidad de fiscalizarlo deciden mirar hacia otro lado.
Y eso es exactamente lo que una parte creciente de la sociedad cree que está ocurriendo.
Quizá lo más preocupante no sea lo que se dice cada día, sino todo lo que ya no se dice.
Porque cuando el silencio se vuelve norma, deja de ser casualidad. Y empieza a parecerse demasiado a una renuncia.
Joaquin G. Cuevas Holgado.
